Gabriel Fernández, quien se identifica como «Gabriela», fue acusado de abusar de una interna en el pabellón femenino, donde había sido alojado tras cambiar de identidad. La Justicia ordenó su traslado y un juicio, abriendo debate sobre la política penitenciaria..
Gabriel Fernández fue encarcelado en Córdoba tras ser denunciado por sus parejas por maltrato y violencia de género. Durante su reclusión, manifestó identificarse como mujer y exigió ser tratado legalmente como tal, adoptando la identidad de «Gabriela». Argumentó que, bajo esta nueva identidad femenina, no podía ser juzgada por violencia de género contra otras mujeres. Sin embargo, tras ser trasladada al pabellón femenino, Gabriela fue acusada de abusar de una interna, quien resultó embarazada.
De acuerdo con Infobae, la Justicia cordobesa no solo confirmó su prisión preventiva, sino que ordenó llevarla a juicio oral por sus antecedentes de violencia de género. Ante los riesgos que representaba para las otras internas, se dispuso su traslado a una unidad especial donde se respete su identidad sin comprometer la seguridad de las demás reclusas. Los jueces señalaron que la decisión de alojarla en el pabellón femenino “vulneró los derechos de 481 mujeres” al permitirle aprovecharse de la situación y victimizar a sus compañeras.
Este no es el primer caso de abusos en cárceles femeninas por parte de internos transgénero; un caso similar en Gran Bretaña, en 2019, generó un escándalo cuando Karen White, identificada como mujer, agredió sexualmente a dos reclusas en prisión preventiva. En el caso de «Gabriela», pesan varias acusaciones, incluyendo privación ilegítima de libertad, amenazas, lesiones, y ahora, abuso sexual.
Gabriel Fernández fue ingresado a la prisión por primera vez en octubre de 2016, condenado en 2017 a tres años por lesiones leves calificadas y privación de libertad. En 2018, cambió su identidad de género y fue trasladado al área femenina bajo el nombre de «Gabriela». Durante su reclusión en 2019, recibió nuevas acusaciones de privación ilegítima de la libertad, lesiones leves y amenazas contra otra mujer, aunque fue liberada condicionalmente poco después.
En 2019 y nuevamente en 2022, su pareja la denunció por violencia; sin embargo, ambos casos fueron archivados. En noviembre de 2023, otra pareja denunció a Gabriela por privación ilegítima de la libertad, amenazas y lesiones leves. Poco después, violó una orden perimetral al intentar comunicarse con la víctima, sumando nuevas acusaciones de coacción y desobediencia. Este historial llevó a su detención.
Una vez en prisión, Fernández alegó violencia institucional en su contra. Pero en julio de 2023, la situación cambió drásticamente cuando fue denunciada por abusar sexualmente de una interna, quien quedó embarazada. Ante estos hechos y la acumulación de sanciones disciplinarias, se ordenó su traslado para proteger a las demás internas. El tribunal destacó que Fernández fue condenada por delitos de violencia de género, inicialmente antes de su autopercepción como mujer y luego en el pabellón femenino, donde continuó ejerciendo violencia contra sus parejas.
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